Noticias de Hoy

Leonardo Boix
Proceso
30 de julio de 2007

Londres, 30 de julio (apro).- El gobierno de Felipe Calderón “no tiene como prioridad avanzar en el tema de los derechos humanos”, dice Robert Knox, investigador sobre México de la organización Amnistía Internacional (AI).

“No hemos visto ninguna señal clara y evidente de que este gobierno (de Calderón) tenga la determinación de resolver los problemas sobre derechos humanos”, afirma.

Y añade que para el nuevo gobierno mexicano, Oaxaca es “una prueba de fuego”, pues desde 2006, “las autoridades federales y el gobierno estatal han dejado en la impunidad homicidios, torturas, detenciones y cateos arbitrarios, así como una serie de violaciones individuales y colectivas ocurridas a lo largo del conflicto” en ese estado.

Insiste: “Hay que reconocer que estamos hablando de un gobierno (el de Calderón) que no ha cumplido siquiera un año en el poder, pero aun así podemos ver su falta de políticas en materia de derechos humanos”.

Comenta que ésta es una de las muchas preguntas que AI planteará al gobierno mexicano.

Y es que, a partir del próximo 31 de julio, una delegación de alto nivel de AI –encabezada por su secretaria general Irene Khan– realizará una visita de cinco días a México para evaluar la situación de los derechos humanos en éste país y emitir un informe al respecto.

“No dudaremos en denunciar las violaciones cometidas”, advierte Knox, quien será uno de los miembros de dicha delegación.

Entrevistado por Apro minutos antes de viajar a México, Knox dice que dicho informe incluirá el caso de Oaxaca. Afirma que en él “vamos a decir que no hay únicamente una cuestión de responsabilidad estatal, pues las autoridades federales han sido señaladas como involucradas en violaciones de derechos humanos desde finales de octubre pasado y, a partir de lo que nosotros hemos podido documentar, no ha habido investigaciones adecuadas para esclarecer los hechos y juzgar a los responsables”.

Durante su visita a México, la delegación de AI tiene planeado reunirse con sobrevivientes de abusos de derechos humanos, organizaciones civiles, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia y autoridades federales y estatales, como la canciller Patricia Espinosa; el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

Josefina Salomón, encargada de asuntos de prensa de AI informó a Apro que la delegación solicitó una reunión con el presidente Calderón, la cual no ha tenido respuesta. “Realmente queremos sentarnos con el gobierno federal para expresarle nuestras preocupaciones, que son tan grandes como cuando estaba (Vicente) Fox en el poder”, declaró.

Y señaló que, en caso de que no sean concedidas las solicitudes para reunirse tanto con las autoridades federales como estatales, “lo veremos como una señal negativa, de que no les interesa el tema de los derechos humanos”.

De hecho, la visita iniciará en Oaxaca para “recabar información sobre los más recientes acontecimientos de exceso de violencia” del pasado 16 de julio, señaló Knox. Después, la delegación viajará a la ciudad de México y al estado de Guerrero.

Entrevistada por Apro, Salomón adelanta que, durante las reuniones con las autoridades, los miembros de AI abordarán el tema de “los abusos que se han cometido. Les pediremos que se juzguen a los responsables y que se tomen medidas para evitar que hayan más víctimas”.

Oaxaca, el objetivo

Knox, por su parte, dice que la estancia en Oaxaca de AI les permitirá “constatar casos emblemáticos” de abusos a los derechos humanos, los cuales quedarán documentados en el informe que emita posteriormente ésta organización. “También hablaremos con las autoridades locales e intentaremos que no haya impunidad en esos casos, lo que actualmente existe. Ese va a ser el objetivo principal en Oaxaca”.

Knox dice que la situación en éste estado “es compleja”, pero aclaró que “sigue siendo responsabilidad fundamental del Estado y de las autoridades federales, estatales y municipales”, garantizar el bienestar de los ciudadanos, “y hasta el momento no hemos podido constatar la determinación para llevar a cabo ese objetivo”.

Añade: “Oaxaca es un tema puntual y actual de violaciones muy graves que ocurrieron, que están ocurriendo y han vuelto a ocurrir”.

Y subraya que sigue siendo “una prueba muy dura” para las autoridades “que asumieron la responsabilidad de no dejar de investigar”.

Señala que el gobierno de Calderón “puede modificar su actitud y hacer lo que no ha ocurrido durante muchos años: resolver los problemas sobre derechos humanos. Tiene toda facultad y, si quisiera, toda la capacidad para atender esos casos de abusos”.

Knox agrega que la delegación de AI planteará al gobernador Ulises Ruiz “que se asuman las responsabilidades sobre el respeto a los derechos humanos”.

Explica: “Aunque existen agentes municipales y estatales, la responsabilidad recae directamente en el Ejecutivo del estado. Primero, para prevenir y, segundo, para investigar y esclarecer las acciones y las responsabilidades. No hemos visto esas acciones y los últimos acontecimientos de la semana pasada muestran que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales”, señala Knox en referencia a los hechos del pasado 19 de julio, cuando profesores y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se enfrentaron con los policías estatales, lo que dejó un saldo de al menos 19 heridos y 40 personas detenidas.

“Esto demuestra otra vez que la impunidad que ha existido en los últimos años seguirá contribuyendo a que se cometan más violaciones. Hasta que no exista la determinación de acabar con una policía que utiliza la fuerza excesiva para controlar manifestaciones y para enfrentar cualquier movilización o movimiento social, habrá más violaciones de derechos humanos”, afirma el investigador de AI.

En ese sentido, señala que se requiere ese “cambio fundamental” y que “la única forma de garantizarlo es a partir de que las personas responsables (de abusos) sean investigadas y enjuiciadas por la Justicia.

“Esos serán los mensajes que llevaremos al gobierno de Oaxaca encabezado por Ulises Ruiz. Obviamente no tomaremos ninguna posición sobre las elecciones que va a haber próximamente, pero es una cuestión de investigar los hechos”, subraya.

Reitera que AI “reconoce y siempre ha reconocido”, que la situación de seguridad pública en Oaxaca “es muy compleja” y que “no ha sido un trabajo fácil”. Pero, advierte, “es justamente la obligación del Estado” ofrecer esas garantías “y no se puede suponer que un grupo de manifestantes esté actuando de forma ilegal, sin pruebas, cuando el Estado tiene la obligación de actuar dentro del marco de la ley”.

“En el informe que presentaremos eso lo vamos a tratar”, adelanta.

Calderón, como Fox

Durante la entrevista, Knox admite que, durante el gobierno de Vicente Fox, “hubo avances importantes en temas de apertura, del escrutinio internacional y de los compromisos con los organismos internacionales de derechos humanos”.

“Pero –advierte– eso no se tradujo en cambios substanciales o estructurales a nivel del país. Lo que hemos visto actualmente es una falta de prioridad de este gobierno en avanzar en temas de derechos humanos. No hemos visto ninguna señal clara o evidente de que haya determinación de este gobierno para resolver los asuntos de derechos humanos”.

Añade: “Ojalá que, con esta visita de Amnistía, se concrete esa agenda y esa determinación y voluntad política para realmente atender los problemas existentes, que son muchos”.

Al preguntarle qué espera lograr AI con su visita de alto rango y con la publicación de su informe, Knox asegura: “Nosotros esperamos que nuestro informe cambie cosas en este gobierno y en el país (…) Porque creemos que es importante lo que hacemos, vamos a México para tratar temas como cuál debe ser la actitud y las acciones del gobierno federal –que aunque no ha tenido una responsabilidad directa de todo– tiene un liderazgo que es imprescindible para demostrar a los otros niveles del Estado que no se pueden tolerar las violaciones a los derechos humanos”.

Por último, pide a Calderón “que tome en cuenta” la agenda que tratará de impulsar Amnistía Internacional “y actúe sobre esas recomendaciones que nosotros le vamos a hacer, porque ese es el primer paso para integrar los derechos humanos en las políticas de Estado”.

Original post by Eratóstenes Horamarcada

Leonardo Boix
Proceso
30 de julio de 2007

Londres, 30 de julio (apro).- El gobierno de Felipe Calderón “no tiene como prioridad avanzar en el tema de los derechos humanos”, dice Robert Knox, investigador sobre México de la organización Amnistía Internacional (AI).

“No hemos visto ninguna señal clara y evidente de que este gobierno (de Calderón) tenga la determinación de resolver los problemas sobre derechos humanos”, afirma.

Y añade que para el nuevo gobierno mexicano, Oaxaca es “una prueba de fuego”, pues desde 2006, “las autoridades federales y el gobierno estatal han dejado en la impunidad homicidios, torturas, detenciones y cateos arbitrarios, así como una serie de violaciones individuales y colectivas ocurridas a lo largo del conflicto” en ese estado.

Insiste: “Hay que reconocer que estamos hablando de un gobierno (el de Calderón) que no ha cumplido siquiera un año en el poder, pero aun así podemos ver su falta de políticas en materia de derechos humanos”.

Comenta que ésta es una de las muchas preguntas que AI planteará al gobierno mexicano.

Y es que, a partir del próximo 31 de julio, una delegación de alto nivel de AI –encabezada por su secretaria general Irene Khan– realizará una visita de cinco días a México para evaluar la situación de los derechos humanos en éste país y emitir un informe al respecto.

“No dudaremos en denunciar las violaciones cometidas”, advierte Knox, quien será uno de los miembros de dicha delegación.

Entrevistado por Apro minutos antes de viajar a México, Knox dice que dicho informe incluirá el caso de Oaxaca. Afirma que en él “vamos a decir que no hay únicamente una cuestión de responsabilidad estatal, pues las autoridades federales han sido señaladas como involucradas en violaciones de derechos humanos desde finales de octubre pasado y, a partir de lo que nosotros hemos podido documentar, no ha habido investigaciones adecuadas para esclarecer los hechos y juzgar a los responsables”.

Durante su visita a México, la delegación de AI tiene planeado reunirse con sobrevivientes de abusos de derechos humanos, organizaciones civiles, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia y autoridades federales y estatales, como la canciller Patricia Espinosa; el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

Josefina Salomón, encargada de asuntos de prensa de AI informó a Apro que la delegación solicitó una reunión con el presidente Calderón, la cual no ha tenido respuesta. “Realmente queremos sentarnos con el gobierno federal para expresarle nuestras preocupaciones, que son tan grandes como cuando estaba (Vicente) Fox en el poder”, declaró.

Y señaló que, en caso de que no sean concedidas las solicitudes para reunirse tanto con las autoridades federales como estatales, “lo veremos como una señal negativa, de que no les interesa el tema de los derechos humanos”.

De hecho, la visita iniciará en Oaxaca para “recabar información sobre los más recientes acontecimientos de exceso de violencia” del pasado 16 de julio, señaló Knox. Después, la delegación viajará a la ciudad de México y al estado de Guerrero.

Entrevistada por Apro, Salomón adelanta que, durante las reuniones con las autoridades, los miembros de AI abordarán el tema de “los abusos que se han cometido. Les pediremos que se juzguen a los responsables y que se tomen medidas para evitar que hayan más víctimas”.

Oaxaca, el objetivo

Knox, por su parte, dice que la estancia en Oaxaca de AI les permitirá “constatar casos emblemáticos” de abusos a los derechos humanos, los cuales quedarán documentados en el informe que emita posteriormente ésta organización. “También hablaremos con las autoridades locales e intentaremos que no haya impunidad en esos casos, lo que actualmente existe. Ese va a ser el objetivo principal en Oaxaca”.

Knox dice que la situación en éste estado “es compleja”, pero aclaró que “sigue siendo responsabilidad fundamental del Estado y de las autoridades federales, estatales y municipales”, garantizar el bienestar de los ciudadanos, “y hasta el momento no hemos podido constatar la determinación para llevar a cabo ese objetivo”.

Añade: “Oaxaca es un tema puntual y actual de violaciones muy graves que ocurrieron, que están ocurriendo y han vuelto a ocurrir”.

Y subraya que sigue siendo “una prueba muy dura” para las autoridades “que asumieron la responsabilidad de no dejar de investigar”.

Señala que el gobierno de Calderón “puede modificar su actitud y hacer lo que no ha ocurrido durante muchos años: resolver los problemas sobre derechos humanos. Tiene toda facultad y, si quisiera, toda la capacidad para atender esos casos de abusos”.

Knox agrega que la delegación de AI planteará al gobernador Ulises Ruiz “que se asuman las responsabilidades sobre el respeto a los derechos humanos”.

Explica: “Aunque existen agentes municipales y estatales, la responsabilidad recae directamente en el Ejecutivo del estado. Primero, para prevenir y, segundo, para investigar y esclarecer las acciones y las responsabilidades. No hemos visto esas acciones y los últimos acontecimientos de la semana pasada muestran que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales”, señala Knox en referencia a los hechos del pasado 19 de julio, cuando profesores y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se enfrentaron con los policías estatales, lo que dejó un saldo de al menos 19 heridos y 40 personas detenidas.

“Esto demuestra otra vez que la impunidad que ha existido en los últimos años seguirá contribuyendo a que se cometan más violaciones. Hasta que no exista la determinación de acabar con una policía que utiliza la fuerza excesiva para controlar manifestaciones y para enfrentar cualquier movilización o movimiento social, habrá más violaciones de derechos humanos”, afirma el investigador de AI.

En ese sentido, señala que se requiere ese “cambio fundamental” y que “la única forma de garantizarlo es a partir de que las personas responsables (de abusos) sean investigadas y enjuiciadas por la Justicia.

“Esos serán los mensajes que llevaremos al gobierno de Oaxaca encabezado por Ulises Ruiz. Obviamente no tomaremos ninguna posición sobre las elecciones que va a haber próximamente, pero es una cuestión de investigar los hechos”, subraya.

Reitera que AI “reconoce y siempre ha reconocido”, que la situación de seguridad pública en Oaxaca “es muy compleja” y que “no ha sido un trabajo fácil”. Pero, advierte, “es justamente la obligación del Estado” ofrecer esas garantías “y no se puede suponer que un grupo de manifestantes esté actuando de forma ilegal, sin pruebas, cuando el Estado tiene la obligación de actuar dentro del marco de la ley”.

“En el informe que presentaremos eso lo vamos a tratar”, adelanta.

Calderón, como Fox

Durante la entrevista, Knox admite que, durante el gobierno de Vicente Fox, “hubo avances importantes en temas de apertura, del escrutinio internacional y de los compromisos con los organismos internacionales de derechos humanos”.

“Pero –advierte– eso no se tradujo en cambios substanciales o estructurales a nivel del país. Lo que hemos visto actualmente es una falta de prioridad de este gobierno en avanzar en temas de derechos humanos. No hemos visto ninguna señal clara o evidente de que haya determinación de este gobierno para resolver los asuntos de derechos humanos”.

Añade: “Ojalá que, con esta visita de Amnistía, se concrete esa agenda y esa determinación y voluntad política para realmente atender los problemas existentes, que son muchos”.

Al preguntarle qué espera lograr AI con su visita de alto rango y con la publicación de su informe, Knox asegura: “Nosotros esperamos que nuestro informe cambie cosas en este gobierno y en el país (…) Porque creemos que es importante lo que hacemos, vamos a México para tratar temas como cuál debe ser la actitud y las acciones del gobierno federal –que aunque no ha tenido una responsabilidad directa de todo– tiene un liderazgo que es imprescindible para demostrar a los otros niveles del Estado que no se pueden tolerar las violaciones a los derechos humanos”.

Por último, pide a Calderón “que tome en cuenta” la agenda que tratará de impulsar Amnistía Internacional “y actúe sobre esas recomendaciones que nosotros le vamos a hacer, porque ese es el primer paso para integrar los derechos humanos en las políticas de Estado”.

Original post by Eratóstenes Horamarcada

María de la Luz Tesoro
Argenpress
6 de julio de 2007
Fuente: CIMAC

Debe admitirlo oficialmente ante el IFAI

La Presidencia de la República tiene que entregar una declaración oficial donde reconozca que Felipe Calderón no tenía ninguna prueba documental para afirmar que la señora Ernestina Ascencio, de Zongolica, murió por gastritis, informó el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) Juan Pablo Guerrero Amparan.

En síntesis, explicó el comisionado, la Presidencia tiene que admitir que se dio esa valoración sin prueba documental, mediante la entrega al solicitante de la declaración oficial de inexistencia del documento en que se basó el Ejecutivo Federal para declarar que la señora Ernestina Ascencio Rosario, murió de una gastritis crónica no atendida.

La declaración oficial será la respuesta a la solicitud de información, que con número de folio 0210000063007, un solicitante hizo llegar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

La Presidencia respondió así al IFAI sobre la solicitud de ‘información en la que el c. Presidente de la República se basó para declarar que las causas de muerte de la señora Ernestina Ascensión Rosario, acontecida en la sierra de Zongolica, era una gastritis crónica no atendida (sic):

‘Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de Presidencia de la República, no se ha localizado ninguna ‘información’, o documento que haga referencia a lo solicitado, por lo que la información se declara inexistente.

‘Sin otro particular, y habiendo dado cumplimiento y forma al requerimiento de información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental quedamos de usted. Atentamente, la Unidad de Enlace’.

Las razones

Esta respuesta originó que en la sesión del pleno del IFAI, se votará hoy por unanimidad el recurso 1494/07, en el que la persona solicitante pide a la Presidencia de la República la información en la que el C. Presidente de la República se basó para declarar que las causas de la muerte de Ernestina Ascencio, ocurrida en la Sierra de Zongolica, Veracruz en febrero pasado, por una violación tumultuaria por presuntos elementos del Ejército Mexicano, era un gastritis crónica.

En entrevista, el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero destacó que la opinión pública conoció, en principio, de qué murió la señora por una autoridad (Felipe Calderón) que no era competente, en ese momento, en la materia.

Entonces, agregó, cuando se le pregunta con qué pruebas documentales basó su declaración, ellos (Presidencia) dicen pues no hay documentos; por ende, ‘me parece que no es cualquier declaración y esa es la particularidad del caso’.

Guerrero Ampara subrayó que en la valoración que él hace del caso, como miembro del IFAI, es que en términos de la ley, ‘yo como comisionado ponente, sí me parece observar, y es de sorprender que se establezca una declaración con esa valoración sobre las causas de un trágico evento sin prueba documental’.

Durante la discusión del proyecto presentado por el comisionado ponente, causaron sorpresa, indignación y horror las declaraciones que sobre el tema hacía día con día el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, principalmente las declaraciones que hizo en los últimos días.

Original post by Eratóstenes Horamarcada

María de la Luz Tesoro
Argenpress
6 de julio de 2007
Fuente: CIMAC

Debe admitirlo oficialmente ante el IFAI

La Presidencia de la República tiene que entregar una declaración oficial donde reconozca que Felipe Calderón no tenía ninguna prueba documental para afirmar que la señora Ernestina Ascencio, de Zongolica, murió por gastritis, informó el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) Juan Pablo Guerrero Amparan.

En síntesis, explicó el comisionado, la Presidencia tiene que admitir que se dio esa valoración sin prueba documental, mediante la entrega al solicitante de la declaración oficial de inexistencia del documento en que se basó el Ejecutivo Federal para declarar que la señora Ernestina Ascencio Rosario, murió de una gastritis crónica no atendida.

La declaración oficial será la respuesta a la solicitud de información, que con número de folio 0210000063007, un solicitante hizo llegar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

La Presidencia respondió así al IFAI sobre la solicitud de ‘información en la que el c. Presidente de la República se basó para declarar que las causas de muerte de la señora Ernestina Ascensión Rosario, acontecida en la sierra de Zongolica, era una gastritis crónica no atendida (sic):

‘Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de Presidencia de la República, no se ha localizado ninguna ‘información’, o documento que haga referencia a lo solicitado, por lo que la información se declara inexistente.

‘Sin otro particular, y habiendo dado cumplimiento y forma al requerimiento de información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental quedamos de usted. Atentamente, la Unidad de Enlace’.

Las razones

Esta respuesta originó que en la sesión del pleno del IFAI, se votará hoy por unanimidad el recurso 1494/07, en el que la persona solicitante pide a la Presidencia de la República la información en la que el C. Presidente de la República se basó para declarar que las causas de la muerte de Ernestina Ascencio, ocurrida en la Sierra de Zongolica, Veracruz en febrero pasado, por una violación tumultuaria por presuntos elementos del Ejército Mexicano, era un gastritis crónica.

En entrevista, el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero destacó que la opinión pública conoció, en principio, de qué murió la señora por una autoridad (Felipe Calderón) que no era competente, en ese momento, en la materia.

Entonces, agregó, cuando se le pregunta con qué pruebas documentales basó su declaración, ellos (Presidencia) dicen pues no hay documentos; por ende, ‘me parece que no es cualquier declaración y esa es la particularidad del caso’.

Guerrero Ampara subrayó que en la valoración que él hace del caso, como miembro del IFAI, es que en términos de la ley, ‘yo como comisionado ponente, sí me parece observar, y es de sorprender que se establezca una declaración con esa valoración sobre las causas de un trágico evento sin prueba documental’.

Durante la discusión del proyecto presentado por el comisionado ponente, causaron sorpresa, indignación y horror las declaraciones que sobre el tema hacía día con día el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, principalmente las declaraciones que hizo en los últimos días.

Original post by Eratóstenes Horamarcada