Rosa Albina Garavito*
El Universal
1 de septiembre de 2007
No sabemos cuál sea el informe sobre el estado general de la administración pública que hoy presente ante el Congreso de la Unión el Presidente de la República, pero la discusión de las semanas previas a esta ceremonia ya nos aportó un fiel retrato de la deplorable situación de la política nacional.
El cumplimiento del artículo 69 constitucional, que obliga al Ejecutivo a presentar dicho informe por escrito, ha exhibido de nuevo la obsolescencia del régimen presidencialista imperante, aderezado además por la crisis de legitimidad del Presidente de la República en turno. De ahí que durante las últimas semanas la discusión se haya centrado en la ceremonia del informe y no en la crítica situación nacional y en las propuestas para resolverla.
La definición sobre el lugar en que el presidente Calderón entregará el documento —a las puertas del recinto legislativo, en otro espacio del mismo o en la tribuna del salón de plenos— ha empeñado las energías de los partidos políticos y del Ejecutivo, energías que podrían haberse dedicado a mejores causas.
En medio de esta batahola, se negocian temas fundamentales para el futuro del país como son la reforma fiscal y la reforma electoral. A estas alturas no sabemos si habrá reforma fiscal antes de que al Congreso llegue la propuesta del Ejecutivo sobre el paquete económico de 2008, mientras que ya se ha presentado la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Lo que sí sabemos es que el proyecto de reforma hacendaria presentado por el Ejecutivo se ha ido modificando en las discusiones para su dictamen en comisiones, de manera que el modesto incremento de 2.8% en la recaudación tributaria que podría haberse derivado de su aplicación se verá seriamente mermado gracias al poder de los grandes grupos empresariales para mantener los privilegios fiscales que durante décadas han mantenido la carga tributaria como una de las más bajas del mundo (¡9.5%!).
No es casual entonces que México se encuentre en el sótano de los niveles de crecimiento entre los países de América Latina (según datos de la Cepal), junto con Haití y la República de El Salvador.
Pero mientras la capacidad de crecimiento de la economía nacional se deteriora cada día más; mientras los niveles de desempleo aumentan; mientras el campo mexicano transita hacia la guillotina de la apertura total en 2008; mientras el sector industrial se encuentra estancado y los miserables salarios mantienen frenado al mercado interno; y mientras las finanzas públicas son todo menos robustas y transparentes, las fuerzas políticas se desgastaron una vez más en la discusión sobre la obsoleta ceremonia del informe presidencial. Distraídos en ese laberinto, no sólo se soslaya la gravedad de la situación económica, sino también la preocupante ausencia de respeto a los derechos humanos, y el deterioro de la seguridad pública y nacional por el crecimiento de la delincuencia organizada.
Por su parte, el avance de los acuerdos sobre la reforma constitucional en materia electoral, plasmados en la iniciativa presentada el jueves pasado, podrían verse afectados por las condiciones en las que se desarrolle la ceremonia del informe. También por la falta de acuerdo en torno a las modalidades de salida de los actuales miembros del Consejo General del IFE. Por lo pronto, el hecho de que esa definición se haya dejado a la ley secundaria fortalece la posibilidad de impugnación legal de parte de los afectados. No olvidemos que en un sistema de complicidades, cada actor es rehén del otro y el secuestrado permanente es el propio país.
Si bien el extravío en el laberinto de la defensa de sus pequeños intereses es una característica estructural de la clase política mexicana, ésta se ha agravado a consecuencia del periodo que se abrió con la coyuntura electoral de 2006. No haber cumplido con los principios constitucionales de “certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad” en ese proceso electoral marcó con la ilegitimidad el ejercicio del poder presidencial, para colmo en un régimen plenamente presidencialista.
Como las enfermedades incurables, la ilegitimidad de origen no se puede resolver. Lo que sí puede hacerse es que la crisis que ella genera no arrastre al país en su conjunto hacia abismos todavía más profundos. Pero ello requiere generosidad de miras de una clase política para la cual el largo plazo está a cinco años de distancia, con estación previa en 2009.
* Consejera nacional emérita del PRD.
Original post by Eratóstenes Horamarcada
