Noticias de Hoy

Miguel Ángel Granados Chapa
Columna Plaza pública
Periódico AM
4 de julio de 2007

Ya era extrañísimo el extraño caso de Zhenli Ye Gon. Y desde el domingo se ha vuelto más que superlativamente extraño. Es una complicada trama en que al partido en el Gobierno se le involucra en lavado de millonarias sumas de dinero en dólares y un Secretario de Estado no mencionado por su nombre se pone el saco y sale a responder el señalamiento de que obligó a un empresario dedicado a actividades lícitas a guardar millones de dólares, el año pasado, destinadas a la campaña de Felipe Calderón.

El domingo pasado la Procuraduría General de la República dio a conocer la presentación de una extraña carta del abogado en Estados Unidos del empresario prófugo, destinada “a buscar un arreglo que beneficie a su cliente”. El documento insinúa, dice la PGR, que el dinero hallado en su casa en marzo pasado “había sido eventualmente destinado a la pasada campaña del Partido Acción Nacional”.

Como se recuerda, porque el asunto es inolvidable, el 15 de marzo fue hallada en un domicilio de las Lomas de Chapultepec una suma inmensa en billetes cuidadosamente empacados: 205 millones de dólares y sumas menores de euros y pesos. La PGR difundió fotografías que permitieron saber que no eran ciento cincuenta mil pesos los hallados sino 17 millones. Pero eso, siendo importante, era lo de menos. Lo de más es que en apariencia la enorme fortuna provenía del narcotráfico: a través de su empresa, legalmente establecida, Zhenli Ye Gon importaba precursores químicos que eran vendidos a productores de anfetaminas, una droga ilegal. El empresario no fue detenido, pero sí quienes fueron reputados como sus cómplices, incluida su esposa y cuñado, que están siendo procesados a partir del 23 de junio.

En la siguiente semana el abogado del prófugo, presentó una propuesta de negociación, supongo que dentro de la cultura jurídica norteamericana de lograr un “deal” entre la acusación y la defensa. La promoción disgustó a la procuraduría mexicana que la calificó de “inescrupulosa” destinada “inútilmente a chantajear al Gobierno de México con afirmaciones absurdas e inverosímiles”. Carente de lógica, el relato de Zhelin Ye Gon puede parecer fantasioso. Pero eso puede decirlo cualquier persona, no la autoridad ministerial encargada de perseguir los delitos, cuando quien lo formula es un presunto delincuente. En vez de decir que atribuir el dinero al PAN, “es una afirmación no sólo falsa, sino ridícula”, la PGR tendría la obligación de urgir la captura del empresario, que se presume está en México, para indagar su dicho y concluir si es verdadero o falso. Pero la PGR se apresuró a desmentir expresiones no dichas. Se habló del PAN, no del Gobierno de la República, por lo que carece de sentido afirmar que ese Gobierno “que nada tiene que ocultar, ni temer al respecto, rechazó de inmediato y de manera enérgica dicho intento de chantaje perverso”.

Igual apresuramiento y error cometió el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Una persona llamada Javier Alarcón fue citada por Zhenli Ye Gon y por lo tanto el neoneopanista –apenas la semana pasada se afilió al partido— pudo legítimamente rechazar las interpretaciones que lo involucran, ya que no es el suyo sino otro nombre el implicado. Pero emitió un comunicado de prensa como si se le involucrara y dio varias entrevistas de prensa en igual sentido. Se mostró irritadísimo ante “acusaciones… falsas, absurdas, inverosímiles, tramposas y perversas”. Tanto él personalmente, como el Gobierno, según dijo la PGR, se reservaron “el derecho de acudir a los tribunales de México y de Estados Unidos de América, para denunciar al señor Zhenli Ye Gon y a sus abogados por las aseveraciones difamatorias y calumniosas que le fueron dolosamente imputadas”.

Aguzado su sentido de la oportunidad periodística ante la emisión del comunicado de la PGR, la agencia The Associated Press, AP, difundió una entrevista de televisión realizada en Nueva York el 17 de mayo con el propio Zhenli Ye Gon, y que estaba embargada, en espera de concluir una investigación más amplia sobre el tema. Aunque su mal español podría prestarse a interpretaciones, es inequívoco que el empresario relata la presión ejercida sobre él por “Javier Alarcón” para obligarlo a guardar millonarias sumas de dinero.

Rogelio de la Garza -abogado en México de Zhenli Ye Gon, que lo fue también de Vicente Carrillo Fuentes y de otros presuntos narcotraficantes eminentes- apareció en la escena con versiones extrañas sobre su cliente y su abogado en Estados Unidos. Acaso porque estorba su estrategia local, asegura que la propuesta de Ye Gon a la representación mexicana en Washington fue hecha sin anuencia ni conocimiento del empresario, y que no necesariamente dice lo que aparece diciendo a AP. Asegura que Zhenli Ye Gon habría preferido hablar en inglés y no en español, que mal utiliza. Y ofreció una información relevante que debimos conocer, no por su boca, sino por el Gobierno mexicano: los 205 millones de dólares fueron enviados al Bank of America, en Estados Unidos, siendo que están bajo el régimen de bienes asegurados y oficialmente se les trasladó a la sede principal del Banco Nacional del Ejército y la Armada. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) supone que están en la Reserva Federal norteamericana, lo que de ser cierto, es un nuevo factor extraño, extrañísimo en el extraño caso del señor Zhenli Ye Gon, extrañamente prófugo siendo que una agencia periodística es capaz de hallarlo.

Cajón de Sastre

Terco en introducir un régimen de economía de mercado en el campo mexicano, aun en cultivos como el de la caña de azúcar que se realiza con resabios feudales, el presidente Fox sigue mostrando, siete meses después de haberse marchado, que su terquedad ha sido y es gravosa para el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está discutiendo una acción de inconstitucionalidad emprendida por la Procuraduría General de la República en septiembre de 2005 para frenar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Impulsada por los legisladores cañeros, esa ley iba a ser vetada por Fox, pero lo impidieron numerosas marchas de cultivadores del dulce. Ante la presión, Fox publicó la ley el 22 de agosto de aquel año, en el entendido de que serían reformados posteriormente los pasajes que le incomodaban. Como los legisladores cañeros no cumplieron su palabra, Fox pidió a la PGR iniciar esta acción de inconstitucionalidad que busca impedir la fijación del precio de la caña, pues se le supone contrario a la Constitución.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Original post by Eratóstenes Horamarcada

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