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El Tribunal de Justicia dictaminará mañana si es legal o no la denominada ley ‘anti-EdF’ o ‘ley Rato’, que fue diseñada en 1999 para frenar la entrada de la eléctrica francesa en Hidrocantábrico. La norma establece que cualquier empresa extranjera con capital público que quiera comprar más del 3% de una eléctrica española tiene que pedir autorización al Gobierno.

Original post by (Reuters)