Promesas incumplidas
Carlos Acosta Córdova
Proceso
23 de junio de 2007
México, D.F. (apro).- Ya estamos acostumbrados. Lo que promete un candidato, difícilmente lo cumple como presidente. El entusiasmo y las ganas de convencer terminan siempre por chocar con la cruda realidad. Felipe Calderón no ha sido la excepción. Su experiencia en la política y en las lides parlamentarias, y aun su voluntad, no le alcanzaron para llevar a buen puerto todo lo que prometió en materia impositiva.
El paquete de iniciativas para modificar el marco tributario que envió al Congreso de la Unión, es una prueba fehaciente del poco margen de maniobra en que se mueve, de cuán acotado está. La necesidad de congraciarse con los partidos políticos de oposición, el miedo a causar un malestar social mayúsculo y lo obligado que está a no lastimar a hombres y empresas que le ayudaron a financiar su campaña, terminaron por orillarlo a presentar una reforma fiscal que dista mucho de lo que el candidato proponía, lejana de los cambios que requiere el sistema impositivo y muy remota para satisfacer las ingentes necesidades sociales.
De los candidatos presidenciales, Felipe Calderón era quien más conocimiento mostraba en el tema de los impuestos. Con claridad hablaba de los problemas estructurales del sistema impositivo, particularmente en el caso de la recaudación. Las maestrías en Economía en el ITAM, y en Administración Pública en la Universidad de Harvard, más su experiencia en la política como líder del PAN y como legislador, le permitían un conocimiento más preciso del entorno económico nacional, de sus debilidades y fortalezas.
Con esas tablas, hablaba, por ejemplo, de que la escandalosa evasión fiscal que había en el país, era una muestra clara del problema estructural que había en materia de recaudación. Que una de las maneras de incrementar ésta –para hacer competitivo al país, generar más recursos e impulsar la economía– era hacer más simple el pago de los impuestos. Que él, como presidente, lo iba a hacer, y para ello empezaría por bajar la tasa del Impuesto Sobre la Renta, del 28% actual a una de entre 15% y 20%; que sería una tasa única y sin las excepciones que benefician a unos cuántos que son muy ricos. También, que el comercio informal sería incorporado a la base de contribuyentes. Que, para ir acordes con la tendencia internacional, se priorizarían los impuestos al consumo, más que al ingreso.
En uno de los debates públicos con los otros candidatos presidenciales, dijo tajante:
“Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, producen o generan empleos y voy a simplificar sus pagos. Voy a bajar la tasa del impuesto sobre la renta, y pagar impuestos será más sencillo que nunca. Hacer una declaración (de impuestos) la podrás hacer sencillamente y sin la ayuda de nadie. En mi propuesta está considerado que no se gravarán los ingresos menores a cuatro salarios mínimos. Es decir, quien gane menos de cinco mil pesos al mes no pagará impuestos por trabajar. Y de ahí, de manera progresiva, se va a pagar muy fácilmente. Va a ser muy fácil pagar ese impuesto. Segundo, voy a transparentar totalmente los impuestos que pagamos. Voy a manejar en caja de cristal el dinero del pueblo…”
Eso, como candidato. Después, ya presidente, lo repetía. Y, más, la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, se encargó, a principios de año, de mostrar las debilidades del sistema tributario, con tal alarma que hacían especular sobre un cambio radical.
Aquí mismo escribíamos que, con base en un estudio reciente del ITAM –encargado por el SAT–, que por los tratamientos diferenciados en la aplicación del IVA –tasa cero, exenciones, tasa baja en la frontera–, el fisco perdió el año pasado poco más de 187,000 millones de pesos, casi un 2% del PIB. Y que, en el caso del Impuesto sobre la Renta, por todos los tratamientos especiales, los múltiples beneficios para grandes consorcios, que ya no se justifican, las exenciones, deducciones y créditos al salario, dejaron de ingresar al fisco, en 2006, cerca de 296,000 millones de pesos, casi el 3.3% del PIB.
Si a esas cantidades se agrega una evasión fiscal, que el propio SAT estimó para 2006 en 221,202 millones de pesos, la cifra que no llega a las arcas públicas supera los 700,000 millones de pesos.
Pero luego de seis meses de intenso cabildeo del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y su equipo, con las fuerzas políticas de oposición y con grupos empresariales, a lo que se llegó fue a una propuesta de reforma fiscal que en nada se parece a lo que proponía el candidato Calderón y muy ajena para corregir las debilidades del sistema tributario que se han señalado recientemente. Peor, la propuesta presentada sólo le redituará al gobierno unos 300,000 millones de pesos… pero en todo el sexenio.
Pero bajo la lógica de “de lo perdido, lo que aparezca”, el gobierno de Calderón logró proponer algunas simplificaciones y mecanismos de control, algún rasguño a la informalidad y corresponsabilizar a los gobiernos estatales en la recaudación. Aunque, hay que reconocerlo, también el esbozo de una corrección necesaria: el nuevo impuesto, la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU), de aprobarse, apunta a la eliminación de los privilegios que tanto daño hacen al fisco.
Pero, intocado el IVA, seguirán las grandes devoluciones, escandalosas, a los grandes grupos empresariales.
El debate apenas empieza.
22 de junio de 2007
cgacosta@proceso.com.mx
Original post by Eratóstenes Horamarcada
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